La subasta del Tecon 10, en Santos, sigue sin definición y podría quedar para 2027
La disputa sobre las reglas de participación mantiene sin definir la subasta del megaterminal de contenedores, proyectado para ampliar en aproximadamente un 50 % la capacidad del Puerto de Santos.
La subasta del Tecon Santos 10, megaterminal proyectado para ampliar el movimiento de contenedores en el Puerto de Santos (SP), continúa sin una definición concreta sobre su modelo de disputa. El Ministerio de Puertos y Aeropuertos espera que el certamen se realice recién en 2027.
Inicialmente prevista para 2022, la subasta ya fue postergada nueve veces. El principal punto de impasse está en las reglas de participación de los competidores, especialmente en la posibilidad de que los grupos que ya operan terminales de contenedores en el puerto disputen el nuevo activo.
El proyecto es considerado estratégico porque el Puerto de Santos opera cerca del límite de su capacidad para contenedores. La disponibilidad reducida de áreas contribuyó al aumento de los costos logísticos, mientras que operadores y exportadores advierten sobre posibles pérdidas de competitividad si no avanzan nuevas inversiones.
El Tecon Santos 10 tiene potencial para aumentar aproximadamente un 50 % la capacidad de movimiento de contenedores del puerto. A pesar del consenso sobre la necesidad de expansión, el diseño de la competencia divide a organismos públicos, operadores portuarios, navieras y entidades empresariales.
En 2025, la Antaq presentó una propuesta que restringía, en una primera fase, la participación de grupos ya presentes en el mercado de contenedores de Santos. Esas empresas podrían disputar la terminal solo si la subasta no recibía propuestas, siempre que realizaran desinversiones para evitar la concentración del mercado.
El análisis del proyecto por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión añadió otra dimensión al debate. Los ministros recomendaron que todas las navieras se mantuvieran en la segunda fase del certamen, lo que ampliaría las restricciones previstas inicialmente por la agencia reguladora.
Posteriormente, la Casa Civil orientó que la subasta se abriera a todos los operadores, incluidos los que ya actúan en el Puerto de Santos, con la exigencia de desinvertir en los activos en caso de resultar vencedores. Sin embargo, la Antaq solicitó directrices más claras para adaptar el proyecto a esa orientación.
Como resultado, se creó un grupo de trabajo para elaborar un documento con las directrices del Gobierno. El grupo permanece activo y celebra reuniones, pero todavía no se ha anunciado una decisión concreta sobre el formato final de la subasta.