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Puertos y terminales25 de septiembre de 20261 min de lectura

El TCU condiciona la integración del STS08 al contrato del STS08A a la comprobación de eficiencia

El tribunal autorizó avanzar con la integración de dos áreas en el Puerto de Santos, pero exigió que el Ministerio de Puertos y Aeropuertos envíe la documentación final antes de una eventual adenda al contrato de Petrobras.

Vista editorial de áreas de almacenamiento y movimiento de combustibles en un complejo portuario
Contêm Insights Editorial

La integración depende de un nuevo análisis

El Tribunal de Cuentas de la Unión autorizó avanzar con la propuesta de incorporar la terminal STS08 al contrato del STS08A, un área operada por Petrobras en el Puerto de Santos. La decisión permite que el Gobierno continúe con el modelo de operación conjunta, pero no autoriza automáticamente la firma de una adenda contractual.

El Ministerio de Puertos y Aeropuertos deberá enviar al tribunal toda la documentación final del proyecto en un plazo de hasta 15 días después de la aprobación de la incorporación. El análisis se realizará antes de una eventual modificación del contrato y verificará si están comprobadas las ganancias de eficiencia presentadas para la operación integrada.

Las áreas habían sido separadas para dos subastas. En la licitación de 2021, Petrobras fue la única competidora del STS08A y ganó con una oferta de R$ 558,25 millones. El STS08 no recibió propuestas. Después, la Autoridad Portuaria de Santos retomó los estudios para una nueva licitación e identificó a seis posibles interesados, pero el proceso cambió de rumbo en 2025, cuando el Gobierno comenzó a analizar directamente la integración defendida por Petrobras.

En la justificación presentada al TCU, la empresa estatal proyectó aproximadamente R$ 1,6 mil millones en inversiones y una capacidad potencial de movimiento 33,3 % superior a la prevista en el modelo preparado para la nueva subasta, estimada en aproximadamente R$ 360 millones. La propuesta también incluye un aumento de la capacidad de almacenamiento y la construcción de un nuevo muelle público.

El tribunal entendió que el fracaso de la subasta de 2021, por sí solo, no demuestra la inviabilidad de una nueva licitación, ya que los estudios posteriores identificaron interesados y reformularon el proyecto. Por ello, la operación conjunta deberá fundamentarse en beneficios operativos efectivamente demostrados.