El TCU mantiene la suspensión del contrato de dragado en el Puerto de Santos mientras analiza el recurso de Etesco
El Tribunal de Cuentas restableció una medida cautelar contra la ejecución del contrato de profundización del canal de acceso al Puerto de Santos. Etesco, que presentó la propuesta de menor valor, formuló nuevas alegaciones y cuestionó su descalificación en la licitación.
La disputa por la contratación del dragado de profundización del canal de acceso al Puerto de Santos entró en una nueva etapa en el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). El tribunal mantuvo la suspensión cautelar de la ejecución del contrato firmado por la Autoridad Portuaria de Santos (APS) con Jan De Nul do Brasil Dragagem, mientras analiza la impugnación presentada por Etesco Construções e Comércio.
Etesco lidera el Consorcio Santos Dragagem, que presentó en septiembre de 2025 una propuesta de aproximadamente R$ 610 millones. El valor era unos R$ 10 millones inferior al ofrecido por Jan De Nul, posteriormente declarada vencedora. A pesar de haber presentado la propuesta de menor valor, el consorcio fue descalificado durante la licitación.
Entre los motivos señalados estuvo la ausencia inicial de la planilla completa de Beneficios y Gastos Indirectos (BDI). Según el análisis informado en el TCU, la documentación se presentó posteriormente, después de que el agente de contratación la solicitara, sin modificar el precio global. La descalificación también estuvo relacionada con un cambio en la composición del consorcio durante la fase de habilitación.
El contrato finalmente fue firmado por la APS con Jan De Nul. Sin embargo, el 5 de agosto de 2026, el TCU restableció la medida cautelar que impide que la contratación avance. Con la decisión, la autoridad portuaria debe abstenerse de emitir la orden de servicio o suspender los efectos del contrato hasta una nueva evaluación del tribunal. La APS y la empresa contratada todavía serán oídas en el proceso.
En las alegaciones finales presentadas ante el TCU, Etesco pidió que la APS examine la documentación de habilitación técnica y económico-financiera del consorcio que lidera. La empresa afirma que ese análisis no se habría completado y también cuestiona los criterios aplicados en la evaluación de las propuestas.
La compañía sostiene además que hubo un trato desigual entre los competidores y alega que la vencedora habría recibido oportunidades para complementar documentos y modificar valores durante el juzgamiento. Otro punto planteado es la salida de CHEC-D, que tenía una participación del 1 % en el consorcio. Según la manifestación de Etesco, el retiro fue comunicado a la empresa el 11 de septiembre y a la APS cuatro días después, pero no debería apartar automáticamente la propuesta sin verificar las condiciones de los demás integrantes.
La decisión del TCU es preliminar. En el análisis presentado, el tribunal no identificó una irregularidad grave que impidiera la contratación de la primera clasificada y consideró posible revisar su descalificación e inhabilitación en el juzgamiento definitivo. También existe otra representación sobre la misma licitación, relacionada con una posible irregularidad distinta, bajo la relatoría de otro ministro y a la espera de un pronunciamiento del Ministerio Público ante el TCU.